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Perjudicados por partida doble

JOSÉ GABRIEL ANTUÑANO (ABC)
Ramón Tamames recordaba en una entrevista concedida días después de la intervención por parte de la autoridad judicial de Forum Filatélico y Afinsa, como en 1994 el Ministerio de Hacienda había cambiado el marco jurídico de la primera sociedad, que hasta esa fecha aprovisionaba fondos por su actividad financiera de captación de ahorros, para responder ante situaciones como la ocurrida u otras por la demanda masiva de los depósitos por los clientes.
En ese momento, el Ministerio prefirió cambiar las reglas de juego y considerar que Forum realizaba una actividad mercantil, sujeta al pago de impuestos, y no financiera. Tamames que no compartía esa decisión, insinuaba que de aquellos polvos estos lodos y que el ministro que adoptó aquella decisión, casualmente el mismo que ahora ostenta la vicepresidencia económica del Gobierno, debería explicarse.
En la misma línea, la inspectora Yábar, responsable del informe sobre Afinsa, reconocía ante la Audiencia Nacional que muy probablemente Hacienda debería devolver a la sociedad intervenida judicialmente los impuestos cobrados como sociedad mercantil (unos 210 millones de euros) porque las características de Afinsa se corresponden a las de una actividad financiera. La indefinición del marco jurídico, nada aclarado en las siguientes semanas a la intervención, quizás obliga a la administración del Estado a no continuar en la distancia ante un problema ocasionado a más de 300.000 ciudadanos que, de buena fe, invertían sus ahorros en estas entidades.
A esta cuestión que tiene su importancia, se suma otra poco comentada hasta la fecha: la oportunidad y procedencia de actuar con tanta rapidez y contundencia por parte de la Audiencia Nacional a instancias de la Agencia Tributaria. En el ambiente flota una pregunta sobre la posibilidad de haber adoptado otras cautelas previas, porque las dificultades de ambas sociedades eran secretos a voces desde hace tiempo, y se conoce que los agujeros contables se multiplican cuando existe una actuación de estas características.
Se podrá achacar la responsabilidad al juez, pero ante esta contestación no puedo por menos de recordar la respuesta que, hace algunos años, me dio uno de los jueces instructores del caso Banesto. Me vino a decir que cuando entraba en un juzgado un caso de ingeniería financiera, él al menos -y pensaba que otros compañeros- eran como ciegos llevados por lazarillos (los peritos).
Estas cuestiones que no entran en el tema de la necesidad de depurar responsabilidades sobre los administradores de ambas sociedades, sí repercuten en los clientes quizás doblemente perjudicados: por los responsables de Forum y Afinsa, y por la precipitada intervención de la administración del Estado. A unos y a otros cabe exigirles sus responsabilidades, porque en esta ceremonia de la confusión creada por la intervención de ambas sociedades los únicos perjudicados son los cientos de miles de ahorradores que, desde hace unos meses, además de perder la tranquilidad ante su futuro, malgastan su tiempo y su dinero, sin encontrar otra respuesta que la que puedan ofrecer los tribunales.
Mientras tanto, el Gobierno parece irse de rositas, porque las manifestaciones no les afectan, ya que ni son ruidosas, ni tienen un sindicato detrás como la UGT con aquella promoción inmobiliaria fallida que pagamos todos, ni se organizan con acierto (mejor funcionaría la «fórmula madres de mayo» a todas horas ante puntos neurálgicos).
Pero un Gobierno, a no ser que sólo desee ser populista, no debe regir sus actuaciones por criterios de ruido sino de justicia y a los afectados por la presunta estafa de Forum y Afinsa se les deja a su suerte, porque a fin de cuentas ni suponen demasiados votos, ni se concentran en demarcaciones sensibles.