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Los representantes jurídicos de FAF presentarán reclamación patrimonial del Estado

Antonio Corredoira, secretario de la FAF, promotor y coordinador de la reunión de los bufetes de 23 asociaciones independientes de afectados (que se reunió el pasado 30 de marzo en Madrid) por la intervención de Forum Filatélico y Afinsa unidas en la Federación de Afectados de Filatelia de España (FAF), ha manifestado lo siguiente: 

1º. Todos los bufetes coinciden en observar que existe responsabilidad patrimonial concurrente del Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio de Sanidad y Consumo, de la Agencia Tributaria y de todas las Comunidades Autónomas, por la falta de desarrollo legislativo y reglamentario, así como por la falta de control de las empresas. La Agencia Tributaria debe devolver el IVA y el Impuesto de Sociedades pagados. 

2º.  La reclamación administrativa se presentará el día 8 de mayo en el Registro del Ministerio de Economía y Hacienda dirigido contra todas esas administraciones. Cada Asociación presentará su reclamación, pero con unidad de criterios, por lo que los abogados se van a intercambiar previamente sus escritos. La presentación se hará a la misma hora para ofrecer una explicación a los medios de comunicación. 

3º.  Reclamaremos la cuantía desembolsada y todas las revalorizaciones de los bienes tangibles pactadas en los contratos, aunque no hayan sido reconocidas por la Administración Concursal, así como el interés legal del dinero calculado desde el vencimiento de los contratos, y una cantidad indeterminada por daños y perjuicios.  

Para concluir, el presidente de FAF, Francisco Bernal, ha manifestado que desde las distintas asociaciones hemos cumplido con nuestro objetivo que era la unidad del esfuerzo jurídico para conseguir “la mejor defensa jurídica, con rigor y sinergias de los bufetes que nos representan, para defender de manera óptima a los afectados/as y lograr la devolución del 100% de nuestros ahorros porque la injusticia que se ha hecho con todos nosotros debe terminar”. La FAF sigue trabajando  en la búsqueda de una salida política a esta catástrofe social y económica por omisión de los sistemas de control económico del Estado desde 1979. “Estamos abiertos al diálogo con el Gobierno y fuerzas políticas para conseguir que se haga justicia con 460.000 familias de ahorradores y 1,5 millones de afectados”.