Noticias de la Asociación

CONCLUSIONES del exitoso I Congreso de la FAF en Bilbao

PRIMERA:
Salimos convencidos de que tenemos razón para seguir exigiendo que se repare el daño que nos han infringido. El daño, además del económico, es moral, al habernos desposeído de nuestros ahorros y presentarnos a la sociedad como “listillos e incultos”, lo que ha supuesto dejarnos desde el primer momento de la intervención en una indefensión total y absoluta frente al aparato del Estado.
 
SEGUNDA:
Analizado en profundidad el tema por expertos independientes, no nos hemos equivocado ni un milímetro en el eslogan del congreso: “Crisis filatélica: cuatro años de quiebra del Estado de Derecho”. A Montesquieu se le dio por muerto desde el momento de la intervención de las empresas en mayo de 2006 por instancias gubernamentales. Es claro, que la intervención se produjo por un impulso político, llevado a cabo desde el Ministerio de Economía y Hacienda, y esto se traslada y tiene continuación en el ámbito judicial, con la sentencia política del pasado febrero por parte de la Audiencia Nacional (AN) dictada desde La Moncloa.
                         
No es justo que la sentencia de la AN (5 de febrero de 2010), califique la actividad de las empresas como mercantiles, y que los acreedores/afectados/ seamos potencialmente delincuentes, al calificarnos como colaboradores necesarios. Es una INJUSTICIA MAYÚSCULA que las víctimas pasemos a ser presuntos delincuentes. Por tanto, afirmamos que el Estado de Derecho es pura ironía. Está claro que el poder judicial, en lo fundamental, está al servicio del ejecutivo
 
Esta es la realidad judicial que se vive en el Estado español. El que se pueda hacer justicia en un caso, no depende de los hechos probados y argumentos jurídicos, sino de la presión que pueda ejercer el ejecutivo sobre el magistrado o magistrados y el interés que el ejecutivo tenga en el asunto. Esta realidad, desgraciadamente, vale para cualquier asunto, no sólo para Afinsa y Forum. Si alguien cree o piensa que está a salvo, se equivoca. La manipulación de la Justicia por el poder Ejecutivo es una situación es de suma gravedad.
 
TERCERA:
Es demoledor que cuatro años más tarde, el proceso penal esté atascado. Si los encausados son culpables no pueden estar campando a sus anchas. Es por eso que exigimos de la administración de justicia, la agilización del ámbito penal. En definitiva, no podemos esperar más tiempo, los afectados y afectadas necesitamos respuestas y soluciones. “Si son culpables, a la cárcel, si son inocentes, que reparen los daños causados”.
 
CUARTA:
También el poder legislativo está al pairo del Gobierno como se ha demostrado, cuando algún grupo político de la oposición ha tomado la iniciativa para subsanar el daño producido a 460.000 familias de afectados, el grupo que sustenta al Gobierno lo ha rechazado con la denigrante falta de ética de comprar voluntades de otros grupos a cambio de prebendas. Tenemos una clase política que no defiende la justicia social sino que juega a cambiar cromos aunque conlleve injusticia y dejar arruinados a casi dos millones de ciudadanos y ciudadanas. El mejor ejemplo es la traición del PNV a los afectados y afectadas. Traidores y mentirosos, vendiéndose por un plato de lentejas ¿verdad, Sr. Aspiazu?
 
QUINTA:
En este momento la situación es difícil y complicada, no lo vamos a negar. Los políticos tienen la coartada de la sentencia de la AN para no buscar soluciones, porque “respetan las sentencias”, que el Gobierno presuntamente redacta. En el caso de Forum y Afinsa, lo judicial paralizado en lo penal y politizando en el contencioso, con una credibilidad ínfima.
 
SEXTA:
En septiembre de 2006 constituimos la FAF con dos objetivos claros: independencia de cualquier maniobra exterior y llevar a cabo las acciones necesarias que influyeran en los ámbitos político y social para conseguir Justicia mediante la dignidad. Conseguir nuestros ahorros íntegros.
 
Y es que en lo social somos invisibles en la sociedad. Ante esta situación, y si tenemos una posibilidad de resolución satisfactoria de nuestro problema, es a través de la unidad del mayor número de afectados. En este momento tenemos que destacar lo esencial que nos une, y dejar de lado las diferencias. Porque unas cosas son importantes, pero hay otras esenciales como estos dos puntos de denominador común: recuperar nuestros ahorros y que el Estado es responsable por acción u omisión.
 
A partir de estas dos premisas hay que volver a la unidad. Es la única posibilidad que tenemos de influir en la clase política y cambiar la visión de la sociedad. Desde luego, con aquellas asociaciones que no estén de acuerdo con estas dos premisas esenciales, no podemos ir ni a la vuelta de la esquina. Aquí me detengo en la actitud de las Asociaciones de Consumidores Oficiales.
 
SÉPTIMA:
El colectivo de asociaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios ha traicionado a los afectados, los ha engañado. ¿Cómo es posible que la Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Doña Francisca Sauquillo, se alegre de la sentencia de la AN, en la que exime al Estado de la Responsabilidad Patrimonial? Y esta mujer es la que dice defender a los consumidores y usuarios. ¿Saben los miles de afectados (pueden llegar a 200.000) que son representados por estas asociaciones, que su presidenta se alegra de que no les devuelvan el dinero? HAY QUE HACER UNA CAMPAÑA PARA HACERSELO SABER. ES INDIGNO E INDIGNANTE.
 
Porque si la señora Sauquillo es conforme con la sentencia de la Audiencia Nacional, está llamando presuntos delincuentes a los que dice representar. Segundo, si Sauquillo es conforme con que la actividad de las concursadas es mercantil, y por tanto de su ámbito de actuación, ¿cómo no realizó un llamamiento público alertando a los consumidores de la presunta estafa, cuando las empresas llevaban actuando un cuarto de siglo?
 
Y necesitamos iniciativas para dejar de ser invisibles. Es cuestión de tener fe en lo que se hace y el convencimiento de que vamos a ganar. No voy a decir nada nuevo como conclusión general: CONCIENCIA, UNIDAD CON OBJETIVOS, ORGANIZACION Y ACCION.
 
 
Federación de Afectados Filatélicos de España y Portugal
Bilbao, 17 de abril de 2010