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Los estafados de Fórum solo han recuperado el 10% del dinero ocho años después

El Norte de Castilla - 15.03.14 J. OLANO | Palencia

La estafa de las preferentes ha apartado de la memoria colectiva el fraude de Fórum Filatélico y Afinsa, que afectó a alrededor de 2.300 palentinos entre ambos casos. Pero la Unión de Consumidores de Palencia (UCE) no se ha olvidado de los estafados, ya que sigue adelante con el trabajo que permita que recuperen el dinero invertido en aquellas sociedades.

Han pasado casi ocho años desde que el 9 de mayo de 2006 nueve personas fueran detenidas y se registraran las sedes de las sedes de Afinsa y Fórum en varias ciudades españolas en el marco de una operación con la que la Audiencia Nacional pretendía desenmascarar una presunta estafa apoyada en inversiones filatélicas que dejaba bloqueados miles de millones de euros de pequeños ahorradores.

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Y en esa tesitura se encontraron jubilados, amas de casa, trabajadores y palentinos con un variado perfil –1.118 perjudicados por Fórum y 1.090 de Afinsa, según los expedientes presentados en el juzgado para que se iniciase el proceso concursal–, que inicialmente, en aquel mayo de 2006, acudían a retirar el dinero a las oficinas de ambas sociedades, en la Calle Mayor y en la plaza de Abilio Calderón, respectivamente, sobresaltados al conocer que los fondos que habían depositado años atrás en busca de una rentabilidad financiera eran inmovilizados judicialmente.

«El problema sigue ahí, porque todos los afectados palentinos de Fórum cobraron ese 10% provisional, pero se estima que hay más de 5 millones de euros de ese 10% aún sin repartir, fundamentalmente por fallecimientos y problemas referidos a los herederos, y también por separaciones. También se intenta que cobren otro 10% o 15% con las subastas de inmuebles, y los administradores concursales intentan conseguir lo máximo, pero el dinero recuperado es solo del 10%», afirmó ayer el presidente de la Unión de Consumidores de Palencia, Alberto Arzúa.

Proceso judicial

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó el 5 de febrero de 2010 la responsabilidad patrimonial del Estado por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, por lo que no indemnizará a los más de 450.000 clientes por un 'agujero' que suma más de 4.600 millones de euros –2.802 millones de Fórum y 1.823 de Afinsa–. El tribunal consideró que no se puede imputar al Estado una falta de supervisión ni de regulación, ya que la inversión en sellos con garantía de rentabilidad era una actividad mercantil contemplada en la ley que escapaba al control de las autoridades financieras, lo contrario que sostuvo la Agencia Tributaria y que se mantiene en la vía concursal, donde se liquidan ambas empresas.

Además, el Tribunal Supremo eximió en diciembre de 2010 al Estado de responsabilidad patrimonial por no vigilar la actividad de Fórum Filatélico y Afinsa. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo confirma así el fallo dictado por la Audiencia Nacional. La sentencia del Supremo concluía que «no hubo actuación alguna de la Administración que generase la confianza que se predica como defraudada, y que los reclamantes actuaron por su libre voluntad y en relaciones privadas con empresas del ámbito mercantil».

Finalmente, el 23 de abril de 2013, la Audiencia Nacional procesó a 14 exdirectivos de Fórum, acusados de estafar 1.928 millones a los 190.000 pequeños ahorradores que invirtieron en ella. Los 14 procesados están acusados de delitos de estafa, insolvencia, falsedad, blanqueo y fraude fiscal y se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel.

Por su parte, los damnificados de Afinsa «no han percibido ni un euro de momento porque está aún terminando la instrucción para la apertura del juicio», explica el presidente de la Unión de Consumidores. «Pero todavía vienen muchos a informarse, a preguntar cómo van las gestiones», explica Alberto Arzúa, ocho años después de que se desenmascarara la estafa en el balance del trabajo de la UCE con motivo del Día del Consumidor, que hoy se celebra.

El trabajo que desarrolla la UCE por estos afectados es paralelo al que promueve la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que también aprovecha el Día del Consumidor para movilizar a los afectados por grandes fraudes financieros y de consumo –en España más de 13.000 consumidores luchan en esta asociación en centenares de demandas colectivas y agrupadas por fraudes y abusos masivos–.

Las preferentes

Las reclamaciones de los perjudicados por la compra de preferentes de bancos y cajas han acaparado también el volumen de trabajo de los últimos meses para la Unión de Consumidores de Palencia, que atendió en 2013 un total de 5.754 consultas (1,27% menos que el año anterior) y 2.095 reclamaciones (1,85% más que en 2012). Y es que, aunque en términos absolutos la cantidad es similar al ejercicio anterior, la diferencia viene marcada por el sector de servicios bancarios, con un total de 652 consultas (68% más que en 2012) y 297 reclamaciones (145% más que ese mismo año), una circunstancia debida fundamentalmente a ese conflicto de las preferentes y subordinadas. «Sin embargo, somos conscientes de que el presunto fraude, al menos de confianza, ha afectado a muchos más consumidores, que han preferido permanecer en el anonimato», constata Alberto Arzúa. «Tenemos muchos problemas relacionados con las entidades bancarias, que nos cobran por realizar ingresos en efectivo en las cuentas corrientes, por sacar dinero de los cajeros, pero no quieren eliminar de sus hipotecas las cláusulas que han sido consideradas como abusivas, como la cláusula suelo», argumenta Arzúa.

La Unión de Consumidores de Palencia constata además que el sector que más consultas y reclamaciones sigue acaparando, también en estos primeros meses de 2014, ha sido de nuevo el de los servicios públicos, como en años anteriores.

Otro de los problemas que trae de cabeza a la Unión de Consumidores es el 'céntimo sanitario', por el que reclaman a las administraciones públicas que devuelvan esas cantidades cobradas a los ciudadanos. «Pero ni el Gobierno de España ni la Junta de Castilla y León tienen intención de devolvernos lo indebidamente cobrado, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha considerado ilegal», denuncia Arzúa. Y es que la UCE cree que técnicamente es posible esa devolución. «Todos los vehículos pasan una revisión técnica periódica, en la que se anotan los kilómetros recorridos cada dos años o cuatro si son nuevos, por lo que en la mayoría de los casos se podría obtener una cantidad estimada de los litros de carburante consumido, y por lo tanto de la cantidad indebidamente cobrada. Somos conscientes de que este 'céntimo sanitario' no ha sido igual en todas las comunidades autónomas, por lo que la devolución se haría teniendo en cuenta el lugar de residencia», agrega Alberto Arzúa.

La Unión de Consumidores estima en 21 millones de euros la cantidad indebidamente cobrada, «lo que corresponde a una media de 25 euros por año y vehículo de tipo turismo de Castilla y León».