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EL PROCESO PENAL EN FASE DE REDACCIÓN PERICIAL

EUROPA PRESS: 8-05-2011. Los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Santiago Pedraz continúan con las causas penales abiertas contra los directivos de Fórum y Afinsa, respectivamente, por presuntos delitos de estafa, contra la Hacienda Pública, administración desleal, blanqueo capitales, insolvencia punible y falsedad documental. Según fuentes de la Fiscalía consultadas por Europa Press, la petición de apertura de juicio oral contra los responsables de las empresas podría producirse entre finales de 2011 y principios de 2012. Las diligencias de investigación se encuentran en fase de redacción de los informes periciales, cuya finalización determinará el tiempo de redacción de los escritos de conclusiones. 

Por otra parte, los afectados siguen reclamando ante los tribunales contencioso-administrativos la responsabilidad patrimonial del Estado por no controlar la actividad de las empresas. En febrero de 2010, la Audiencia Nacional eximió al Estado de cualquier responsabilidad, sentencia que fue confirmada el pasado mes de diciembre por el Tribunal Supremo, cerrando cualquier posibilidad de ser resarcidos por el mal funcionamiento de las administraciones públicas. 

La mañana del 9 de mayo de 2006 agentes adscritos a la Unidad Central de Delincuencia Económica y de Blanqueo de Dinero del Cuerpo Nacional de Policías irrumpieron en las sedes de ambas empresas, dando fin al negocio de venta de sellos iniciado más de 20 años atrás, a raíz de una querella presentada por Anticorrupción. 

Fórum Filatélico fue creado en 1979 por el empresario fallecido Jesús Fernández Prada, mientras que Afinsa nació un año después de la mano del empresario portugués Albertino Figueiredo, imputado por la Audiencia Nacional.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los primeros indicios del presunto fraude piramidal los descubrió la Agencia Tributaria a finales del 2003, durante una investigación sobre los balances contables de los ejercicios comprendidos entre 1998 y 2001. Las empresas ofrecían intereses de cerca del 6% y fueron acusadas de operar como entidades financieras. 

Sin embargo, documentos elaborados en 1994 y 2002 por los máximos organismos económicos del Estado demuestran que los distintos Gobiernos vigentes ya sabían que las filatélicas operaban sin regulación ni control y que podían ser estafas.