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Los afectados por Fórum Filatélico y AFINSA crean una plataforma unitaria para plantar cara a la injusticia

El Mundo Financiero 13-12-2013 

Tras más de 7 años sin respuesta, los afectados exigen soluciones y reclaman diálogo al Gobierno con el horizonte de plantear una hoja de ruta antes del próximo mayo, cuando se cumplirán 8 años del estallido del caso. Volverán así a la escena política y de la justicia con un nuevo planteamiento unitario bajo los lemas “Forum, Afinsa, justicia y solución política YA!” y “Sí, se puede, pero no quieren”. La nueva “Plataforma Solución Fórum - Afinsa” empieza con la campaña “JUSTICIA Y SOLUCIÓN YA!”. La plataforma unitaria está integrada por ADICAE y la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, que en conjunto representan a más de tres cuartas partes de los 470.000 afectados. La campaña incluye una imagen propia, acciones directas, movilizaciones, recogida de apoyos, redes sociales y la web  http://www.solucion-forum-afinsa.org/

La nueva estrategia de unidad surge coincidiendo con los 2 años del Gobierno del PP, partido que, mediante carta firmada por el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, se comprometió a dar una solución cuando llegase al Gobierno. Los perjudicados denuncian el flagrante incumplimiento del compromiso y el desinterés del resto de grupos políticos, viéndose legitimados a subir el tono de sus reivindicaciones.

La Plataforma tiene dos ejes de reivindicaciones: Solución Política y Justicia. Impulsan así una elaborada propuesta de solución política, basada en que el Estado adquiera a los derechos reconocidos a los afectados en el paralizado proceso concursal de liquidación de las empresas. Esta propuesta, que no generaría déficit y que ya ha sido apoyada por unanimidad por los Parlamentos de Aragón, Valencia y Murcia, está ahora sobre el tejado del Gobierno Central.

Por otro lado, los afectados de Fórum y Afinsa exigen la apertura inmediata de la fase de juicio oral en los procedimientos penales instruidos por los jueces Pablo Ruz y Santiago Pedraz, respectivamente. Portavoces del colectivo aseguran que “casi ocho años después de la intervención de las empresas y publicados los informes periciales definitivos, esta dilación en la causa penal es antijurídica y genera indefensión al medio millón de ahorradores afectados, que tienen derecho a saber la verdad”.